Estos días hemos podido encontrar en la prensa la noticia preocupante que llega de Nicaragua, donde la Corte Suprema ha declarado inaplicable el artículo de la Constitución que ordena la limitación de mandatos basándose en "el principio de soberanía, el cual establece que el poder reside en el pueblo". La decisión del alto tribunal ha tenido lugar después de que el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no lograse alcanzar la mayoría necesaria para reformar la Constitución del País. De este modo, Nicaragua parece sumarse a la lista de países latinoamericanos que están dando la espalda a este arreglo constitucional que parecía tener un fuerte arraigo en el continente americano (ver artículo de 3 de agosto). Como ya hemos señalado en otra ocasión, el hecho tiene dos lecturas. La lectura positiva es que, los gobernantes latinoamericanos parecen darse cuenta de que un golpe militar a la antigua usanza tiene un coste demasiado alto: digamos que, hace treinta años, D. Ortega habría disuelto el Parlamento y sacado las tropas a las calles y no habría perdido más tiempo. Por fortuna, esto tiende a no ocurrir más.
La lectura negativa es la de que las formas caudillistas parecen estar tan arraigadas en las jóvenes democracias de la zona, que la oleada contra las provisiones constitucionales que garantizaban la limitación de mandatos parece haberse extendido como una mancha de aceite: Venezuela, Colombia, Honduras, Ecuador y, ahora, Nicaragua.
Sin comentario, por último, el razonamiento de la Corte Suprema nicaragüense, que no se permitirían ni los alumnos de primero de la Facultad de Derecho.
