Los sucesos de las últimas semanas en Honduras han vuelto a poner en evidencia que la limitación de los mandatos de los dirigentes políticos es el reto que tiene planteada la consolidación de la democracia en América Latina. La necesidad de limitar el número de años que permanecen estos dirigentes en el poder (o mejor dicho, los reiterados intentos de los mandatarios por soslayar estas limitaciones escritas en las respectivas constituciones) ha estado en el centro de varias graves crisis institucionales en este área. En febrero de este año, Hugo Chávez, Presidente de Venezuela, logró aprobar en referendum (después del rechazo de 2007) una reforma constitucional que eliminaba los límites a la reelección presidencial. Recientemente el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha dejado caer la posibilidad de optar a un tercer mandato, para el que se requeriría la reforma de la Constitución y la celebración de un referendum. En Honduras, la cuestión de la limitación del mandatos del presidente de la república ha estado en el centro mismo del conflicto político de estas semanas, siendo, de momento, el único país en el que la crisis institucional se ha resuelto mediante un golpe de Estado. Pero en cualquier caso está claro que existen muy fuertes tentaciones entre los gobiernos de la zona para soluciones que podríamos llamar caudillistas, bonapartistas o cesaristas. Este modo de entender la democracia en un sentido plebiscitario no hace sino debilitar a las democracias latinoamericanas, después de la ola democratizadora de los últimos veinte años.
La exigencia de alguna forma de limitación de la duración de los mandatos de los líderes políticos es, pues, más actual que nunca.
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